Cuando vemos que 1.2 millones de niños son traficados anualmente, y
que el 60% de las víctimas de trata humana en el mundo no alcanza la
mayoría de edad, pensamos que tan terrible aberración ocurre muy lejos
de nuestros hijos, pero lo cierto es que en Puerto Rico, igual que en
muchos otros países, la explotación de menores está presente.
Y está latente, aunque se haya convertido en un crimen invisible.
Por tanto, para combatir con éxito esta lucrativa y desalmada actividad
criminal se requiere de voluntad gubernamental, de apoyo ciudadano y de
sólidas alianzas multisectoriales que permitan documentar el problema,
sacarlo de la sombra y trazar estrategias sociales y de política pública
para erradicarlo. De ahí la importancia de la titánica labor que realiza la Fundación Ricky Martin contra la trata humana, reseñada en profundidad esta semana por el diario Índice en una edición especial en la que el propio artista reclama que hay que concienciar y educar a los ciudadanos sobre la trata humana, “el segundo crimen más lucrativo del mundo, del cual son víctimas millones de niños y niñas, incluyendo los de nuestro querido Puerto Rico”.
Los dramáticos datos contenidos en la edición deben movernos a todos a la colaboración en este gran esfuerzo. Un estudio titulado “La trata de personas en Puerto Rico: un reto a la invisibilidad”, revela que la explotación de seres humanos en el mundo produce alrededor de $96,000 millones en ganancias anuales, tres veces más de lo que generaba hace cuatro años, según explicó el presidente de la Junta de Directores de la Fundación, César Rey.
Realizado en alianza con Iniciativa Comunitaria y Nuestra Escuela, el estudio plantea que parte de los casos que se manejan como maltrato de menores en Puerto Rico son en realidad situaciones de explotación.
En octubre pasado, agentes federales arrestaron a una mujer acusada de prostituir a su hija menor, a la que llevó a un hotel de la capital junto a otras dos menores con el aparente propósito de prostituirlas.
No se trata de un caso aislado. Hace apenas un año se publicó extensamente el histórico caso de Rommel Cintrón Pons, alias “Peluquín”, el primero en torno a una presunta red de prostitución infantil en Puerto Rico, que culminó cuando el acusado se declaró culpable de los cargos menores de encubrir en su casa a una menor que iba a ser sometida a comercio sexual por parte de un adulto.
El Código Penal de 2012 establece una pena fija de ocho años de cárcel para cualquier persona convicta de prostituir a menores, pero la justicia no persigue con igual virulencia a la clientela que sostiene esta repugnante práctica.
El estudio citado reveló que gran parte de los casos que se manejan como maltrato de menores en Puerto Rico son en realidad situaciones de explotación que se dan, según Rey, “principalmente en hogares sustitutos” y que abarcan “desde prostitución de niñas a cambio de comida o teléfonos, hasta la clasificación de drogas, como parte de su trabajo” en esos hogares.
Para ayudar a potenciar y multiplicar iniciativas y esfuerzos, como los de la Fundación Ricky Martin, debemos unirnos todos -autoridades, comunidades, ciudadanos- para propulsar y poner en vigor medidas preventivas, efectivas y urgentes que impidan la proliferación del abuso que representa la explotación de personas. Medidas que castiguen con todo el peso de la ley, y sin miramientos, no sólo a los perpetradores de este crimen, sino también a aquellos pervertidos de fachada respetable que los financian con su torcido auspicio.
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